La Pechuga de $30.000: Especulación y acaparamiento en tiempos de coronavirus

La Pechuga de $30.000: Especulación y acaparamiento en tiempos de coronavirus
Especulación y acaparamiento de productos de primera necesidad en tiempos de coronavirus (COVID 19). Una visión desde la economía, el derecho, y la política.
Por: Alexis Faruth Perea. Abogado y analista económico del derecho.

El día de ayer, como muchos me sorprendí al ver como en una importante cadena de almacenes se estaba cobrando $30.000 (US$7,14) por una pechuga de pollo que normalmente se costaría cerca de $6.000 (US$1,42), alza similar a la de algunos productos sanitarios. Esto como consecuencia del coronavirus y medidas como el aislamiento obligatorio para disminuir su contagio.

Dichas medidas han tenido efectos económicos como la estampida de consumidores que acuden a los mercados a abastecerse de alimentos, lo que ha traído fuertes alzas en el valor de los productos. Ante esto, no han faltado voces que piden sanciones para los vendedores y controles de precios.

Pechugas a 30.000 pesos en un SuperMercadoLa subida de precios recibió respuesta del Presidente que anunció persecuciones, sanciones y cárcel para especuladores y acaparadores. Pero, actualmente ¿esto es posible? La verdad, no.

En primer lugar, el alza de precios, en principio, se explica por un aumento en la demanda de productos sin que crezca su oferta, lo que trae consigo escasez y con ello que se eleven precios. Situación que es más sensible tratándose de productos considerados de primera necesidad.

En segundo lugar, debe tenerse en cuenta que a la luz de nuestra ley no toda alza de precios constituye especulación o acaparamiento. Estos fenómenos son principalmente tratados por normas del consumidor, penales y de la competencia.

Según el estatuto del consumidor, es especulación la venta de bienes a precios superiores a los fijados por el gobierno; y es acaparamiento, el retiro del comercio de mercancías cuando tiene la finalidad de desabastecer el mercado o presionar el alza de precios. Estas conductas pueden ser sancionadas por la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) con multas de hasta $1.600 millones, o el cierre del establecimiento de comercio.

En el código penal se consideran dichas conductas como delitos que tienen pena de prisión, aunque no es fácil que alguien pueda infrigir la ley. En el caso de la especulación, se requiere que el gobierno haya fijado los precios y que se venda por encima de estos, y actualmente, el gobierno no ha fijado ninguno, es decir, así alcen los precios al infinito nadie estaría incurriendo en tal delito.

Algo similar ocurre con el acaparamiento, pues aquí se exige que este sea de un valor superior a los $17 millones, es decir, si está por debajo de ese monto no hay delito; además, si los productos se distribuyen en una red de personas la posibilidad de detección es baja y dificilmente sancionable.

Finalmente, el derecho de la competencia sanciona el mantenimiento o determinación de precios inequitativos, los que según la SIC son: “aquellos que no guardan una relación razonable con el valor económico que lo inspira”, es decir, aquellos que son tan exagerados que solo tienen por objeto explotar al consumidor. En este caso, la multa puede ser de casi $80.000 millones para el infractor.

En últimas, el camino que tiene realmente el gobierno para sancionar es el de los precios inequitativos, cuestión que se deberá analizar caso por caso, dado que, en algunos es probable que el alza, aunque exagerada, se deba a otra alza en las materias primas.

¿Es el control de precios la solución? Pues no, la experiencia mundial evidencia que dicha medida resulta ser la peor solución, pues con estos controles viene una escacez ya que los empresarios suelen dejar de producir, con lo que se originan mercados negros en donde el consumidor, llevado por la necesidad, va a comprar a precios mayores que los oficiales. Esta fórmula ya la implementaron países como: Venezuela, Perú o Alemania, siendo en todos los casos un fracaso.

Entonces, ¿qué hacer? Creo que lo primero es entender el problema, ¿por qué escasean los alimentos? Pienso que es porque el agro no está produciendo tanto como para cubrir la demanda; esto nos lleva a entender que no se produce más por varios problemas como: la falta de subsidios y créditos al agro, los valores de los fletes para transportar los productos a lo centros de consumo, entre otros.

En ese escenario, a mi juicio que le tocará al gobierno subsidiar (quizás con sus reservas o con inversiones forzosas del sector financiero, como se hace con los títulos de deuda pública) la producción agrícola a una escala dificilmente vista, esto con la finalidad de que se inunden los distintos mercados de productos de tal modo, que la oferta iguale la demanda y en consecuencia por dicha presión, aún en un escenario de crisis como el actual, se mantengan los precios en condiciones equilibrio de mercado, de modo que sean los consumidores los que determinen cuanto están dispuestos a pagar y no los oferentes, pues es solo a través del mercado que se logran precios justos, no con decretos del gobierno.